viernes, 3 de junio de 2011

EL DERECHO A LA MEMORIA

Autor: Said Villavencio Jaldin*

A diferencia de las demás especies que pueblan la Tierra, la del homo sapiens sapiens (seres humanos con apariencia y características actuales) a la cual pertenecemos todos/as los hombres y mujeres, la nuestra se caracteriza -entre otras cosas- por ser la única donde sus miembros (nosotros/as) habitamos las tres dimensiones del tiempo a lo largo de nuestras existencias: vivimos evocando recuerdos, palpitamos la dinámica de los tiempos presentes y, lo más importante, proyectamos el porvenir.

Esta nuestra particularidad hizo acuñar un sinfín de pensamientos, que reflejan la importancia de cada una de esas dimensiones temporales en las que nos desarrollamos los/as sapiens. Así, es frecuente escuchar frases como: pueblo que olvida su historia está condenado a cometer los errores del pasado, la historia de los pueblos es la mejor escuela para no cometer los mismos errores... Todos remarcan la importancia de conocer la historia, como la condición sine qua non para construir el futuro, que siempre debe ser mejor que los tiempos pretéritos.

En este sentido, julio de 2009 tiene gran significación para quienes habitamos el territorio de lo que hoy es Bolivia, pues su historia guarda episodios que deben ser conocidos y jamás olvidados por las nuevas generaciones. Uno de ellos, el más importante en la historia de La Paz, nos recuerda que el 16 de Julio de 1809 se dio uno de los levantamientos más célebres contra la corona imperial española, que ensanchó la vía en la Guerra por la Independencia de esta parte del territorio de Abya Yala, que de manera paradójica -para la hija predilecta del Libertador Simón Bolívar- recién la alcanzó 16 años más tarde.

Julio también se hace más visible -sobre todo este año- porque el 17 se recuerda un año más de uno de los golpes militares más nefastos para el país, el que encaramó a Luis García Meza Tejada (primo de la primera y, hasta ahora, única Presidenta de la República, Lidia Gueiler Tejada, a quien le arrebató la presidencia) en el poder del Estado en 1980.

Este hecho, en 2009, adquiere mayor relevancia en razón de que uno de los personajes más impíos de esa dictadura: Luis Arce Gómez (cómplice número uno de García Meza en su rol de ministro del Interior y, hoy, reo Nº 107 en la cárcel de Chonchocoro, donde comparte su reclusión con García Meza, éste preso desde 1996) empieza a purgar su condena de 30 años, tras ser deportado de los Estados Unidos al cumplir las dos terceras partes de la pena que le impuso la justicia del imperio (25 años), por el delito de narcotráfico.

Queda en el registro de la historia que el 21 de abril de 1993, la Corte Suprema de Justicia, con sede en la Capital de la República, Sucre, condenó al colaborador de García Meza en su ausencia, a esta condena por tres grupos de delitos, siendo los principales: alzamiento armado y organización e integración de grupos irregulares, delitos contra la libertad de prensa, asesinato de líderes políticos, genocidio...

Cabe recordar que después de ese fallo, Arce Gómez fue declarado "rebelde y contumaz" a la Ley y que el 10 de diciembre de 1989, cuando fue encontrado gozando de una parrillada en Santa Cruz fue aprehendido y trasladado al día siguiente a Estados Unidos para entregarlo a la justicia de este país que lo reclamaba por el delito de narcotráfico. Esta acción (decisión política del Gobierno de Jaime Paz Zamora) postergó a la Justicia boliviana, hasta las 6:00 de la mañana del jueves 9 de julio, día en el que el "ministro de la cocaína" volvió a pisar tierra boliviana al arribar al aeropuerto Internacional de El Alto.

A su llegada, las voces de la memoria no se dejaron esperar, ex dirigentes, ex prisioneros políticos, víctimas y familiares de todos/as ellos/as vieron reabiertas sus heridas que supieron canalizarlas a una vieja y única demanda. ¡justicia! Esta palabra guarda, para todos/as ellos/as, la esperanza de hallar los restos de los desaparecidos, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, dado que Arce Gómez, en 1992, en una entrevista concedida al periódico Última Hora de La Paz, reproducido por La Razón (9/7/2009), aseguró que a "Marcelo Quiroga Santa Cruz yo sé quién lo mató, yo sé absolutamente todo, por qué lo mataron, quién lo mató..." , aunque ya en Bolivia, esta información y otras pretendió negociarlas a cambio de anular su sentencia, pedido que el fiscal Milton Mendoza, calificó de "absurdo" (Erbol 13/7/2009).

El desfile de recuerdos en este julio de 2009, de quienes supieron los rigores de las dictaduras, se anticipan a los desfiles por el bicentenario, así Iván Canelas, portavoz presidencial, quien fuera encarcelado en el golpe militar de 1980, rememora que en dicho régimen -comandado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez- los trabajadores de la prensa desarrollaban sus actividades con la "bayoneta en la espalda" mientras que la libertad de expresión estaba conculcada (Cambio, 12 de julio de 2009). Otro dato proporcionado por otro periodista, el cruceño Nataniel Álvarez, da cuenta que Luis Arce Gómez, trabajó de reportero gráfico en el matutino católico Presencia; sin embargo, años después, cuando se dio el golpe, él -en persona- encabezó las detenciones de sus ex compañeros/as de trabajo y, por supuesto, encabezó los vejámenes y torturas a los cuales ellos/as fueron sometidos/as.

Otro hecho noticioso reciente, cuya raíz también está anclada en la dictadura inaugurada el 17 de julio de1980, se dio cuando Olga Beatriz Flores Bedregal y Marta Montiel Oyarzum, familiares de los desaparecidos, al momento de exigir "justicia" y recordar el pasado "garciamezista" del fiscal del distrito de La Paz, Jorge Gutierrez Roque, fueron detenidas por personal de la Policía Nacional, comandado por el Mayor Octavio García García, quien, según argumentan en su misiva (26 de junio)dirigida al Gral. Víctor Hugo Escobar, (Comandante General de la Policía Nacional), "el 24 de junio reciente procedió a nuestra detención ilegal, arbitraria y brutal". Además de Flores y Montiel detuvieron al periodista Rogelio Peláez, director de Larga Vista.

Por esta razón, y a nombre de los/as damnificados/as, solicitan se haga justicia, apoyándose en el texto de la Nueva Constitución Política del Estado que, en su artículo 114, dice: "Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidos sin perjuicio de las sanciones determinadas por ley".

Otro hecho que se extiende en estos días de julio, esta vez en la cintura de Abya Yala, se inició el domingo 28 de junio de 2009, cuando en Honduras despertó la bestia golpista y en su lomo trajo a Roberto Micheletti. Esta llamada de atención a los pueblos trabajadores del mundo y de la región, en Bolivia despertó en el prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas su aprobación para con los/as asaltantes del Gobierno de Tegucigalpa, pues él "justificó... el golpe militar de Estado que depuso al presidente constitucional Manuel Zelaya" que "sólo UnoAmérica, una entidad privada que reúne organizaciones no gubernamentales de derecha, entre ellas Humans Rights, que en Bolivia dirigía Hugo Achá Melgar, prófugo de la justicia local y acusado de financiar un grupo armado con pretensiones secesionistas en el país" se atrevió a reconocer "al gobierno de facto de Roberto Micheletti", como informa la agencia ABI (Costas justifica golpe militar en Honduras: "es producto de la reacción", 30 de junio de 2009). Este episodio no debe quedar en el olvido, para nadie, sobre todo en Santa Cruz, así reclama la historia.

Ante estos hechos, sólo queda decir que es importante, más que eso, es vital mantener viva la memoria, porque es un derecho humano nuestro el saber, por ejemplo, quiénes fueron los/as constructores/as o destructores/as de sueños de las generaciones pasadas, cuando reinaron las dictaduras y los gobiernos neoliberales, qué hicieron o no cuando usurparon o, en su caso, mal administraron el Estado, dilapidando sus recursos y, por supuesto, demandar que todos/as ellos/as paguen las consecuencias de sus actos. Esta práctica de control social sobre la historia, además será muy útil para con lo que dicen y, sobre todo, con lo que hacen los/as actores/as contemporáneos/as de la historia boliviana, quienes reclaman para sí, las banderas de la democracia y de las libertades democráticas, sólo así nos será útil la historia y estaremos preparados para estrenar nuevos errores, única manera de ir construyendo un mejor futuro, una menor sociedad, donde el derecho a la memoria no sea un coto exclusivo de los/as historiadores/as, sino el territorio común de todos/as.

FUENTE: BOLPRESS.COM